Gonzalo Fernández, canciller uruguayo, explicó en el Parlamento las acciones del gobierno uruguayo en defensa de los derechos de los residentes en Europa luego de la aprobación de la Ley de Retorno que prevé la expatriación forzada y el "reclusión" por 18 meses de inmigrantes ilegales.
 
Fernández recordó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que la semana próxima, más precisamente el 28 de julio, viajará a Madrid para reunirse con su par, Miguel Angel Moratinos, y con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
 
Fernández examinará con sus interlocutores la situación de miles de uruguayos que residen en ese país y que estarán en riesgo de ser deportados cuando comience a aplicarse la medida europea de retorno de inmigrantes en situación ilegal.

El ministro consideró "profundamente injusta" la disposición de la Unión Europea, y dijo que su viaje a España sería una buena oportunidad para plantear el tema a las autoridades.

El diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional, conservador de oposición, dijo al término de la reunión con el canciller que el Poder Ejecutivo debe velar por la vigencia del Tratado de Paz y Amistad firmado entre Uruguay y España en 1870 y que reconoce derechos a los uruguayos residentes en aquel país.
   
El legislador informó que el canciller Fernández señaló también en la Comisión parlamentaria que el gobierno realiza acciones ante organismos internacionales "proclamando la defensa de la capacidad de emigrar de cualquier individuo y de nuestros compatriotas".